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Uso de imágenes de menores por parte de entidades no lucrativas

Imágenes de menoresLas entidades no lucrativas se mueven en el ámbito de los derechos de las personas, en el sentido de que trabajan, en gran medida, para hacer realidad y extender estos derechos –incluyendo, lógicamente, el derecho de asociación–.
Son, por tanto, un tipo de organización interesada e implicada en el respeto a los derechos individuales. No obstante, en su actividad es normal que surjan dudas, por desconocimiento, sobre cómo cumplir correctamente con sus obligaciones legales. La protección de datos y el derecho a la intimidad, honor y propia imagen son ejemplos de aspectos que es conveniente revisar periódicamente.

En este sentido, el artículo 18 de la Constitución Española garantiza el derecho al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y establece que, con ese fin, se limitará el uso de la informática. Realmente, debemos afrontar las tecnologías de la información y de la comunicación en su conjunto, ya que los límites son cada vez más imprecisos (un programa de televisión visto a través de Internet es, a la vez, un uso de la informática y de los medios de comunicación audiovisual, ya que la informática e Internet no son más que medios técnicos empleados en su transmisión y visualización).

Esas limitaciones que la Ley trata de imponer a la posible injerencia en nuestra vida personal y familiar e, incluso, en nuestro derecho a la propia imagen, honor y reputación se ven reforzadas cuando los afectados son menores. Esto interesa no solamente a entidades que trabajan directamente con infancia, juventud y familia, ya que cualquier entidad no lucrativa, en su actividad y en las publicaciones que pudiera difundir, puede registrar o publicar imágenes de menores.

Por otra parte, al margen de que se afecte o no el derecho a la intimidad y a la propia imagen, las imágenes gráficas y fotográficas de personas identificadas o identificables también tienen consideración de datos de carácter personal, por lo que habrá consideraciones, más allá de las que aquí hacemos, a la luz de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y del Reglamento que la desarrolla.

Es decir, nos vamos a referir ahora a cómo se obtienen las imágenes y al destino que se les da, a la luz de la protección de la imagen, honor y reputación del menor, pero en otro artículo habrá que completar la información haciendo mención de las implicaciones que tienen su registro y gestión posterior, a la luz de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.

Las imágenes de los menores

Aportamos aquí unas recomendaciones respecto al uso de imágenes de menores, que es un bien jurídico especialmente protegido y elevado por la Constitución española al rango de derecho fundamental, en su artículo 18.1. Este nivel de protección es algo que ya hemos podido deducir todos al ver en la televisión imágenes en las que se oculta el rostro de los niños, aun habiendo sido tomadas en lugares públicos.
El menor de edad está protegido y uno de sus derechos es el derecho a la intimidad, honor y propia imagen. Por ello tenemos que cumplir con lo que la Ley establece para la protección de dicho derecho. Estamos hablando, en general, de personas menores de 18 años que se encuentren en territorio español, independientemente de su nacionalidad.
La normativa aplicable se contiene en la Ley orgánica 1/1982 de 5 de mayo de protección del derecho al honor, intimidad y propia imagen, la Ley Orgánica 1/1996, de protección jurídica del menor y la última instrucción 2/2006 sobre el Fiscal y la Protección del Derecho al Honor, Intimidad y propia imagen de los menores.

Esta normativa viene a decir lo que de una forma resumida exponemos en los párrafos siguientes respecto a qué debe hacer una entidad cuando en la realización de sus actividades se plantea registrar imágenes de los menores para difundirlas (web, folletos, boletines de la entidad, memoria de proyectos, etc.). Lo que sigue, más que afirmaciones libres de interpretación, pretende ser recomendaciones:

  1. El consentimiento escrito de madre, padre o tutor/a, es imprescindible en el caso de cualquier uso o publicación de las imágenes de los menores, independientemente de que sean socios o no de la entidad. En dicho escrito se deberá, además, explicitar con claridad el objeto y actividad concreta para la que se solicita autorización de la difusión de imágenes. Esto afectaría a cualquier tipo de publicidad de las imágenes: publicaciones, galerías de imágenes web, vídeos, etc. La LO 1/1982 establece además que cuando el consentimiento lo da el representante legal del menor (los padres o tutores, siempre y cuando se trate de un menor no emancipado) además habría que informar al Ministerio Fiscal. Este último requisito parece incumplirse sistemáticamente pero la entidad, particularmente en caso de que fuera grabada para algún programa televisivo o en prensa de amplia difusión, debería ser cuidadosa con su cumplimiento.
  2. También es necesario recabar el consentimiento del menor de manera personal, si sus condiciones de madurez lo permiten, aunque no es obligado que dicho consentimiento sea por escrito.
  3. El hecho de que el objetivo de la actividad y el uso de las imágenes pueda ser educativo no exime de las responsabilidades legales ni de la obligación de obtener los permisos correspondientes. Aunque se cuente con estos permisos, no pueden ser utilizadas las imágenes en forma que sea contraria a los intereses de los menores. A este respecto, son bastante claros los artículos 4.2. y 4.3. de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor:

4.2. La difusión de información o la utilización de imágenes o nombre de los menores en los medios de comunicación que puedan implicar una intromisión ilegítima en su intimidad, honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses, determinará la intervención del Ministerio Fiscal, que instará de inmediato las medidas cautelares y de protección previstas en la Ley y solicitará las indemnizaciones que correspondan por los perjuicios causados.

4.3. Se considera intromisión ilegítima en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen del menor, cualquier utilización de su imagen o su nombre en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses incluso si consta el consentimiento del menor o de sus representantes legales.

Estos permisos deben ser obtenidos aun en el caso de que se trate de imágenes de personas ya fallecidas, ya que están igualmente amparadas por la Ley, al menos en los ochenta años siguientes al fallecimiento. También debe tenerse en cuenta que es objeto de especial consideración la protección de la intimidad de los menores sujetos a medidas de protección de menores infractores.

Como ya hemos visto, la Ley protege los derechos de los menores que se encuentren en territorio español. La utilización que algunas ONG realizan de imágenes de menores de otros países queda fuera del alcance de la norma, relegada al carácter de cuestión ética.

En resumen, las entidades deben pedir consentimiento expreso (escrito) a los padres y madres o tutores legales para tomar imágenes de sus hijos/hijas y especificar claramente el uso y el tipo de divulgación de que pueden ser objeto. Cuando el grado de madurez de los menores así lo permita, debe solicitarse su consentimiento. Este empleo de las imágenes en ningún caso puede ser denigrante ni ofensivo ni perjudicar los intereses de los menores, incluso aunque hubieran consentido en dicho empleo.

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