Tal como recoge recientemente Compromiso Empresarial, el barómetro de confianza Edelman refleja este 2012 una imagen ambivalente para las entidades no lucrativas. Por un lado, las sigue reconociendo como las organizaciones más valoradas globalmente mientras que, por otro, hace notar el descenso de valoración que sufren.

Este barómetro, elaborado por la consultora Edelman desde hace 12 años, trata de medir la confianza en cuatro instituciones clave: gobierno, empresas, medios de comunicación y ONGs.

Evidentemente, la fiabilidad que le otorguemos a un estudio de estas características estará en consonancia con la que nos merezca los conceptos que maneja (¿qué es confianza?) y la metodología seguida. Fue llevado a cabo entre octubre y noviembre de 2011, mediante cuestionarios online en 25 países, sobre una muestra de 25.000 personas con las que compara las opiniones de otro grupo considerado como más informado, que cumplía ciertos criterios en cuanto a nivel de estudios, de ingresos, de lectura de medios de información y de publicaciones de negocios..., en dos grupos de edad (25-34 y 35-64).

Aun sabiendo que no es una encuesta centrada en reproducir la opinión del ciudadano medio y conociendo las dificultades de llevar a cabo un estudio de este alcance, la tendencia que refleja debe llamar a la reflexión. El documento destaca la caída en la confianza a nivel general en sus instituciones que han reflejado las respuestas en tres países, sin duda por motivos diversos: Brasil, Japón y España. También es notable el incremento de un 75% que se aprecia en la confianza hacia las redes sociales y la bajada de confianza en las ONGs, del 60% al 51%

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Seguramente, antes no sentíamos igual la necesidad de conciliar la vida laboral y profesional. Eran otros tiempos, era otro mundo, teníamos otra sensibilidad (más bien, no la teníamos).

Bueno, seamos serios, siempre ha habido mujeres trabajando y tenían que compatibilizar su trabajo con las responsabilidades familiares que les habían caído en suerte. Pero la "sensibilidad" del momento hacía que los demás no prestaran especial atención a esas situaciones. Ahora es una cuestión de justicia que no podemos soslayar. Ni tienen que salir "perdiendo" en esa dificultad de conciliación las mujeres ni tienen por qué hacerlo los hijos o las personas dependientes. "Conciliar" no es tarea de sólo un miembro de la pareja.

Hablamos últimamente de "conciliación" como un pacto de condiciones laborales con ciertos aspectos de flexibilidad (jornada, permisos, excedencias, suspensión del contrato de trabajo...) que facilita a las personas que trabajan atender responsabilidades de carácter personal. Esto está bien. Está claro que el trabajo puede interferir en nuestras prioridades, pero no abarca más que una parte limitada del problema. Imposible introducir en ese pacto nuestra responsabilidad para con otros –amistades, por ejemplo–, imposible solucionar otros aspectos de la vida –emocionales, físicos o intelectuales–. Simplemente, la vida no se deja "gestionar" satisfactoriamente ...o no sabemos hacerlo.

Nuestra empresa, asociación, fundación... no nos va a solucionar el problema (y con mayor motivo si somos trabajadores autónomos, pues nos explotaremos todavía más). Cierta flexibilidad en el trabajo es importante –por supuesto, abogamos por que las entidades sociales profundicen en mejores condiciones para quienes trabajan, contratados o voluntarios, en sus proyectos–, pero no es la solución a todo. La vida urbana, hoy, supone un reto al que muchos sentimos que no nos estamos enfrentando bien.

Una muestra de lo paradógicas que son las cosas es que muchos experimentan que estar un tiempo prolongado con la familia estresa todavía más ("a ver cuándo empieza el colegio otra vez...") ¿Será la falta de costumbre? Sería triste concluir que la vida familiar mejora... manteniéndola reducida.

Se trata de un aspecto de algo más extenso. El problema puede ser el equilibrio personal, que entronca directamente con cuestiones cognitivas y sociológicas. Deseamos y visualizamos una vida que no conseguimos que cobre realidad. Aspiramos, quizá, a algunas cosas difícilmente alcanzables. Quizá nos ayudaría el consejo de Nigel Marsh de centrarnos en las cosas pequeñas y de asumir el control y la responsabilidad de nuestra vida [está en inglés, pero se pueden activar subtítulos en español, penúltimo idioma en el desplegable, junto a la tecla "play"].

Una reflexión sobre nuestras pautas de consumo y sobre dónde se nos está escapando el tiempo sin duda nos ayudaría. Lo sabemos todos, pero no solemos darle la prioridad necesaria.

Lo cierto, trasladándonos al terreno de la gestión, es que cuando se tiene responsabilidad sobre otros en el trabajo estas cosas importan. No simplemente lo que se va incorporando a la normativa laboral o a la práctica mejor o peor de mi entidad, sino nuestro equilibrio personal como coordinador, jefe, director, mando intermedio, formador, responsable de... Nuestro propio equilibrio nos interesa primeramente a nosotros, pero afecta directamente a los demás. Enrarece o purifica el ambiente. ¿Cómo es de puro el aire –metafóricamente, se entiende– en mi entorno de trabajo/voluntariado?

Cada vez es mayor la presencia de entidades del Tercer Sector en procesos de adjudicación de gestión de servicios públicos. Bien desde un análisis de corresponsabilidad en la gestión de este tipo de servicios, donde las entidades sin ánimo de lucro tienen un compromiso hacia los beneficiarios más allá de la simple generación de actividad económica. O bien, porque se ven abocadas a este tipo de procedimientos dada la creciente tendencia externalizadora por parte de la administración de ciertos servicios sociales.

Por ello, las asociaciones sin ánimo de lucro, se ven participando de un procedimiento amparado por la nueva Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, donde no se tiene en cuenta las peculiaridades de su sector. Sirva de ejemplo, el claro perjuicio que supone para una entidad exenta de IVA participar en una licitación que estipule el precio con el IVA excluido de la base del cálculo para la adjudicación, ya que para una entidad exenta, el IVA soportado en las compras, al no poder deducírselo, se convertirá necesariamente en un coste, mientras que para una sociedad mercantil, el IVA soportado podrá deducírselo del repercutido en la facturación de dicho servicio al organismo público, lo cual le resulta más ventajoso económicamente a la empresa y más costoso a la administración, contradiciendo el principio de eficiencia en la utilización de los fondos públicos y de selección de la oferta económicamente más ventajosa reconocido en el artículo primero de la propia Ley.

Igualmente, la administración debe garantizar que los objetivos planteados para el servicio serán alcanzados con calidad por la entidad contratada y que a su vez se realizará con los menores recursos públicos posibles (principio de eficiencia). Y esto se debe poder valorar a través de una serie de cláusulas objetivas que sirvan para establecer una puntuación entre las ofertas presentadas.

Pues bien, en ocasiones la administración se encuentra con dificultades para valorar objetivamente algunos aspectos relacionados con la dimensión social y de atención de las personas destinatarias de los servicios públicos, y en los que claramente el tercer sector aporta un valor añadido. Aspectos como la base social del tercer sector, conocimiento de la problemática concreta de los destinatarios, dimensión comunitaria en la ejecución de los proyectos, participación del usuario en el diseño y la mejora del servicio, etc. deben ser tenidos en cuenta a la hora de valorar los proyectos, y deben facilitarse herramientas para la correcta valoración de los mismos en el procedimiento de contratación.

Con este objetivo, la Plataforma de ONG de Acción Social y la Mesa de entidades del Tercer Sector Social de Catalunya presentaron ayer en Madrid, en la sede del IMSERSO, la versión en español de la Guía de Cláusulas Sociales.

El acto, al que asistieron casi 100 personas, arrancó con la presentación del presidente de la Plataforma de ONG de Acción Social, Juan Lara, y de la presidenta de la Mesa, Àngels Guiteras.

Posteriormente, el Jefe de la Asesoría Jurídica de la Conselleria de Administración Local del Tribunal de Cuentas, Jorge Ferrán, analizó la relación entre la Contratación Pública y el Tercer Sector Social, mientras que el vicepresidente de la Mesa, Enrique Morist, abordó la situación del sector en Cataluña. Por último, uno de los miembros de la Comisión que elaboró la Guía, presentó esta herramienta y ofreció todos los detalles al respecto.

Quienes estén interesados en conocer esta publicación, pueden acceder a ella en formato electrónico a través de este enlace:

El valor añadido del Tercer Sector en la prestación de servicios públicos, Guía práctica de cláusulas sociales en la contratación pública de servicios sociales y de atención a las personas.