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Publicaciones. Cuadernos prácticos

TÍTULO IX. DE LOS ENTES TERRITORIALES. (Arts. 152 al 154)

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Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria.

TÍTULO IX.
DE LOS ENTES TERRITORIALES.

Artículo 152.

Participación en los ingresos del Estado:

1. Los créditos para hacer efectivas las participaciones de los entes territoriales en los ingresos del Estado tendrán la consideración de ampliables hasta el importe de las obligaciones que haya que reconocer en función de la aplicación de las reglas del sistema de financiación aprobadas para cada ejercicio.

2. Los remanentes que existan al finalizar cada ejercicio económico, de créditos correspondientes a las participaciones de los entes territoriales en los ingresos del Estado, se incorporarán automáticamente al presupuesto del ejercicio inmediato siguiente, y tendrán en este la consideración de ampliables, a efectos de la liquidación definitiva de las mencionadas participaciones correspondientes al ejercicio anterior.

En el caso de que en la liquidación definitiva citada en el párrafo anterior, resultase saldo deudor para alguno o algunos entes territoriales se procederá a la anulación de su remanente incorporado, sin perjuicio de la compensación del mencionado saldo deudor.

3. Las participaciones de los entes territoriales en los ingresos del Estado de cada ejercicio económico, se harán efectivas durante el mismo, mediante entregas a cuenta de la liquidación definitiva que se practique en el siguiente. La cuantía y periodicidad de dichas entregas se fijarán para cada ejercicio en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los saldos acreedores a favor de los entes territoriales que resulten de las liquidaciones definitivas de sus participaciones en los ingresos del Estado se harán efectivos en su totalidad una vez practicadas las mismas.

Artículo 153.

1. Los créditos existentes en los Presupuestos Generales del Estado para el cumplimiento de planes y programas conjuntos referidos a competencias de las Comunidades Autónomas, se consignarán en los artículos correspondientes de los Presupuestos Generales del Estado relativos a transferencias corrientes y de capital a Comunidades Autónomas.

2. Estos créditos se gestionarán de acuerdo con las siguientes reglas:

Primera. En aquellos casos en que no sea posible la territorialización de dicho crédito en los propios Presupuestos Generales del Estado, antes del 15 de marzo del ejercicio en curso, la Conferencia Sectorial correspondiente acordará los criterios objetivos de distribución, así como la distribución resultante.

Segunda. Los compromisos financieros para la Administración General de Estado, indicados en la regla anterior, serán formalizados mediante acuerdo del Consejo de Ministros.

Tercera. En aquellos casos en que se estime necesario por las Administraciones representadas, simultáneamente la Conferencia Sectorial podrá aprobar la descripción de los objetivos y actividades propios del plan o programa conjunto.

Cuarta. En los supuestos en que las Comunidades Autónomas aporten medios financieros y otro tipo de recursos propios, la colaboración requerida podrá articularse mediante la suscripción de los correspondientes convenios de colaboración.

Quinta. Sin perjuicio de lo dispuesto en las reglas precedentes, se podrán establecer, en los casos en que ello resulte justificado, reservas generales de crédito no distribuido en el origen con el fin de cubrir necesidades o demandas imprevistas a lo largo de la ejecución del presupuesto.

Sexta. Redacción según Ley 55/1999, de 29 de diciembre. Los créditos que corresponda gestionar a cada Comunidad Autónoma se le librarán y harán efectivos por cuartas partes en la segunda quincena natural de cada trimestre, con las siguientes excepciones a esta regla:

  1. El pago correspondiente al primer trimestre, que se hará efectivo tan pronto se haya efectuado el reparto territorial de los créditos.

  2. El pago correspondiente al cuarto trimestre de los programas que hayan de ser justificados antes del 15 de octubre de acuerdo con lo establecido en la normativa presupuestaria comunitaria, que se hará efectivo en la segunda quincena natural del tercer trimestre.

  3. Añadido por Ley 24/2001, de 27 de diciembre. Los pagos correspondientes a la financiación del Programa Operativo de Pesca para las Regiones de objetivo n° 1, Regiones en régimen transitorio y del DOCUP (Documento Único de Programación) para las Regiones de Fuera de objetivo n° 1 podrán librarse en su totalidad una vez hayan sido acordados en Conferencia Sectorial los criterios objetivos de distribución y la distribución resultante así como el refrendo mediante Acuerdo de Consejo de Ministros.

Cuando las subvenciones tengan por finalidad prestaciones de carácter personal y social se librarán a las Comunidades Autónomas por dozavas partes, al comienzo del mes.

Séptima. Los remanentes de fondos resultantes al finalizar cada ejercicio, que se encuentren en poder de las Comunidades Autónomas, seguirán manteniendo el destino específico para el que fueron transferidos y se utilizarán en el siguiente ejercicio como situación de Tesorería en el origen para la concesión de nuevas subvenciones.
Si la subvención a la que corresponda el remanente resulta suprimida, en el presupuesto del ejercicio siguiente se destinará aquél en primer lugar a hacer efectivas las obligaciones pendientes de pago al fin de ejercicio inmediatamente anterior y el sobrante que no estuviese comprometido se reintegrará al Estado.

Octava. Concluido el ejercicio económico, las Comunidades Autónomas deberán remitir al Departamento Ministerial correspondiente un estado comprensivo de las obligaciones reconocidas y los pagos realizados hasta el cierre del ejercicio económico, por la subvención o subvenciones gestionadas.

Novena. Las aportaciones del Estado al Plan Único de Obras y Servicios de Cataluña (P. U. O. S. C.) con cargo a las diferentes secciones del Programa de Cooperación Económica Local del Estado serán territorializadas anualmente en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 154. Redacción según Ley 50/1998, de 30 de diciembre.

Anticipos a las Comunidades Autónomas:

1. El Tesoro podrá efectuar anticipos a las Comunidades Autónomas a cuenta de los recursos que hayan de percibir de los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a la cobertura financiera de los servicios transferidos, para que aquellas puedan hacer frente a desfases transitorios de tesorería como consecuencia de las diferencias de vencimiento de los pagos e ingresos derivados de la ejecución de su presupuesto.

2. Los anticipos deberán quedar reembolsados antes de finalizar el ejercicio económico en que se satisfagan, salvo si se concedieron a cuenta de la liquidación definitiva de la participación en los ingresos del Estado o del Fondo de Garantía del Modelo de Financiación, en cuyo caso se reembolsarán simultáneamente a la práctica de la liquidación de dichos mecanismos, en la que figurarán como asiento deudor.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.

La intervención general de la Administración del Estado determinará los actos, documentos o expedientes sobre los que la función interventora a que se refieren losartículos 16 y 93 de esta Ley , podrá ser ejercida sobre una muestra y no sobre el total de la población. Este centro determinará, asimismo, los procedimientos a aplicar para la selección, identificación y tratamiento de la muestra, de manera que se garantice la fiabilidad y la objetividad de la información y propondrá la toma de decisiones que puedan derivarse del ejercicio de esta función.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.

Para la ejecución del Plan Anual de Auditorias mencionado en el apartado 3 del artículo 17 de esta Ley, se podrá recabar la colaboración de empresas privadas de auditoría que deberán ajustarse a las normas e instrucciones que determine la intervención general de la Administración del Estado.

Para recabar dicha colaboración será necesaria una orden del Ministerio de Economía y Hacienda en la que se especificará la insuficiencia de los servicios de la Intervención General de la Administración del Estado que justifique dicha colaboración.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.

Todas las referencias contenidas en disposiciones legales vigentes a la Deuda del Tesoro se entenderán hechas, en adelante, a la Deuda del Estado, y las emisiones de Deuda del Tesoro que se encuentren en circulación a la entrada en vigor de esta Ley pasarán a tener la condición legal de Deuda del Estado. Ello se entiende sin perjuicio de la utilización del apelativo del Tesoro para denominar emisiones concretas de Deuda del Estado, cuyo uso queda reservado al Estado.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.

Los derechos y obligaciones de contenido económico de la Administración del Estado y de sus Organismos Autónomos nacidos con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, continuarán sujetos a la legislación que por ella se deroga.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá acordar las transferencias a Comunidades Autónomas de los créditos correspondientes a la gestión de las funciones y servicios que hayan sido transferidos o se transfieran a aquellas en materia de Seguridad Social.

En el caso de que dichas transferencias se refieran a créditos correspondientes a la gestión de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud, el acuerdo corresponderá conjuntamente a los Ministerio de Sanidad y Consumo y de Economía y Hacienda.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

Quedan derogadas las Leyes que se citan en las tablas adjuntas y cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la presente Ley.

1. En virtud de su incorporación al presente Real Decreto Legislativo quedan derogadas:

  • Ley 11/1977, de 4 de enero, Ley General Presupuestaria.

  • Disposición Adicional undécima, apartados 1, 2 y 3 de la Ley 9/1983, de 13 de Julio, de Presupuestos Generales del Estado para 1983.

  • Artículo 48, Disposiciones Adicionales 15 y 16 de la Ley 44/1983, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado Para 1984.

  • Disposiciones Adicionales undécima y decimoquinta de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1985.

  • Disposiciones Adicionales decimosexta, decimoséptima, cuadragésima segunda y cuadragésima tercera de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1986.

  • Disposiciones Adicionales octava, novena y trigésimo quinta de la Ley 21/1986, de 23 de Diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1987.

  • Artículo 7, apartados 1 y 2 del artículo 25, artículos 73, 84, 111, 123, 124, 130 y Disposición transitoria decimocuarta de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988.

2. En virtud de lo establecido en la disposición derogatoria de la Ley 11/1977, de 4 de enero, Ley General Presupuestaria, están derogadas:

  • Ley de 1 de julio de 1911, de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública.

  • Ley de 19 de marzo de 1912, en cuanto condiciona la aplicación del artículo 67 de la Ley de 1 de julio de 1911.

  • Ley de 26 de julio de 1922, de Presupuestos Generales del Estado, en cuanto a su artículo 51.

  • Real Decreto-ley de 24 de enero de 1928, sobre presunción de abandono de depósitos constituidos y de cuentas corrientes en cuanto a sus artículos primero y tercero.

  • Real Decreto-ley de 4 de febrero de 1930, en cuanto al artículo séptimo del Real Decreto de 19 de noviembre de 1929.

  • Ley de 18 de diciembre de 1950, que dio nueva redacción a determinados artículos de la Ley de 1 de julio de 1911.

  • Decreto-ley de 12 de diciembre de 1952, relativo a los créditos de calificada excepción.

  • Decreto-ley de 8 de noviembre de 1957, que declaró en suspenso determinados preceptos de la Ley de 1 de julio de 1911.

  • Ley de 26 de diciembre de 1958, sobre Régimen Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas, en las materias relativas a la Hacienda Pública.

  • Ley de 22 de julio de 1961, por la que se modificó el artículo 61 de la Ley de 26 de diciembre de 1958, sobre Régimen Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas.

  • Decreto de 18 de enero de 1962, que modificó el artículo 66 de la Ley de 1 de julio de 1911, al amparo del artículo 25 de la Ley 85/1961, de 23 de diciembre.

  • Artículo Tercero del Decreto-ley 16/1964, de 23 de julio; artículo tercero del Decreto-Ley 20/1970, de 24 de diciembre, y artículo segundo del Decreto-ley 11/1972, de 29 de diciembre, en las materias que se regulan en la presente Ley.

Dado en Madrid a 23 de septiembre de 1988.

- Juan Carlos R. -

 

El Ministro de Economía y Hacienda,
Carlos Solchaga Catalán.

Notas:
Artículo 94:
Expresamente derogado por la disposición derogatoria única de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Artículos 32, 61, 62 y 69:
Redacción dada por el artículo 69 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Artículos 49, 58 (apdo. 2), 66, 71 (apdo. 1), 99 (apdoa. 3 y 4), 100 (apdo. 2), 119, 125, 126 (letra e), 129 (apdo. 1) y 139 (apdo. 3):
Redacción según Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Artículo 99 (apdo. 5):
Añadido por Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Artículo 72:
Derogado por Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Artículo 78 bis:
Artículo introducido por el artículo 69 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Capítulo II; Artículos 61, 67, 99, 100, 104, 118, 120, 121 y 154:
Redacción según Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
Artículos 39, 63, 104, 148, 151 y 153:
Redacción según Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Capítulo III; Artículos 93 (núm. 3.a), 104 (apdo. 1 bis), 123 (apdo. 3), 127 (apdo. 1.f), 129, 130 (apdo. 1), 132 (apdo. 3), 149 y 150 (apdo. 4.a):
Redacción según Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Artículos 50, 61 (apdos. 3, 5 y 7), 95 (apdos. 1 y 7) y 130 (apdo. 1, segundo párrafo):
Redacción según Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Artículos 6 (apdo. 6), 18 (apdo. 3) y 153 (apdo. 2.6.c):
Añadido por Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Artículos 118 bis y 118 ter:
Añadido por Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.
Artículo 6 (apdo. 5):
Redacción según Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
Artículo 82:
En la actualidad la Ley de Procedimiento Administrativo ha perdido completamente su vigencia por las Leyes 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Véase la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Capítulo III:
La Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en su artículo 52, proporciona una nueva redacción a la totalidad delTítulo VI, que concluye en el artículo 138, pero no existe derogación expresa de este capítulo ni de su artículo.

 

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